|
En Ecuador, la expansión de la tecnología y de los servicios de telecomunicaciones condujo a la necesidad de brindar un servicio con calidad, para lo que se requirió de un marco jurídico de las telecomunicaciones independiente, con acciones claras que promueva el incremento de mayores inversores.
Surge así la Ley Especial de Telecomunicaciones de 1992, aceptando los retos de la modernización, transformando al IETEL en la Empresa Estatal de Telecomunicaciones –EMETEL- y creando paralelamente la Superintendencia de Telecomunicaciones –SUPTEL- con funciones de regulación y control del sector.
El vertiginoso cambio mundial exigió la reorientación de las gestiones del sector de telecomunicaciones con reforma a la Ley en el año 1995, conduciendo así a la separación e independencia de las funciones de regulación que a partir de ese momento se delegaron al nuevo organismo, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones –CONATEL-, apoyado por otro que se crea como brazo ejecutor de sus políticas que además administre el espectro radioeléctrico, ésto es la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones y otorgando exclusivamente a la SUPTEL las funciones de control y monitoreo.
El dinamismo de las tendencias mundiales ha exigido al mercado local de telecomunicaciones una mirada más amplia y más competitiva para los actores del sector. Para el año 2000, en los primeros días del mes de marzo, se realizaron nuevas reformas a la Ley Especial de Telecomunicaciones, la cual fomente la inversión brindando confianza a los actuales y futuros inversores, asumiendo por tanto el CONATEL el reto de promulgar la apropiada normativa, estableciendo reglas claras de competencia bajo el concepto de servicio público con calidad, acorde a los avances tecnológicos enmarcados en principios de universalidad, continuidad, igualdad y el principio de “trato no discriminatorio”.
Desde el 2000 hasta el presente año, el CONATEL y la SENATEL hemos sido promotores permanentes de un régimen regulatorio justo y equilibrado, estructurando un mercado de telecomunicaciones libre y competitivo con políticas y normas claras que garantizan seguridad y transparencia tanto para los usuarios como para los inversores del sector.
|